Por lo general, el Estado deriva la acogida y asistencia a las personas migrantes a determinadas ONGs, con quienes tienen convenios de colaboración con dotación económica para realizar esta labor. Así, la entrega de alimentos, productos de higiene y otros recursos, la derivación a servicios sociales, etc. recae sobre sus manos. Es ahí donde se establece la relación de poder respecto a las mujeres migrantes. Si por lo general hacen un buen trabajo, también hay testimonios de un trato paternalista, el uso de la amenaza con retirar recursos o llamar a servicios sociales para la retirada de la custodia de sus infancias, etc.

Si bien las organizaciones sociales que se dedican a la acogida de las personas migrantes cumplen un papel esencial, también hay discursos y prácticas que no ayudan e incluso perpetúan su infantilización y posición de indefensión debido al enfoque asistencialista y síndrome de “salvador blanco”. A menudo se coloca a las mujeres migrantes y racializadas en una posición pasiva y emiten juicios y “recomendaciones” no demandadas de cómo comportarse para ser “buenas migrantes” o ponen en cuestión las maternidades migrantes. Lejos de generar condiciones para su reconocimiento como sujetas de pleno derecho y con capacidades para transformar sus situaciones de precariedad con el soporte adecuado, conducen a dependencias y a roles de poder reñidos con un trato digno, de reconocimiento de su plena autonomía y poder de decisión. El sector, como cualquier otro de la sociedad, no está libre de sesgos y prejuicios racistas y machistas, por lo que se hace necesario revisar sus propios programas, narrativas y prácticas.