Inmobiliarias
El acceso a la vivienda es un derecho esencial para desarrollar un proyecto vital. Sin embargo, las personas migrantes y racializadas, especialmente negras y musulmanas, experimentan muchas más trabas para acceder a una vivienda digna debido a la discriminación y los prejuicios que se vierten contra ellas. Las inmobiliarias (y los particulares) ejercen un racismo, a veces implícito, al poner excusas e impedimentos para negar la posibilidad de alquilar un piso, y otras, explícito, anunciando la exclusión de personas migrantes o pisos “solo para españoles” por orden del propietario/a. Para alquilar, a una persona migrante se le exigen innumerables requisitos que no se piden a personas autóctonas. Si se consigue alquilar, a menudo los contratos cuentan con cláusulas abusivas, sacando provecho de su situación de vulnerabilidad y propietarios y compañeros utilizan la amenaza de denunciar si no tienen papeles para mantener el poder sobre ellas. Esta dificultad a la hora de alquilar hace que muchas mujeres aguanten en la misma casa que sus maltratadores, al no disponer de otras alternativas ni oportunidades.
Testimonios
Muchas mujeres al saber que tienen más dificultades para encontrar piso o habitaciones por ser migrantes y/o extranjeras no tienen más remedio que permanecer impasibles ante situaciones humillantes, vergonzosas y violentas por temor a no tener más opciones. En 2018 fui testigo de cómo una chica cubana me pedía ayuda porque no sabía qué hacer con su novio maltratador en casa, que se negaba a abandonar el domicilio.
Mi compañera de piso, en plena pandemia, me amenazaba con llamar a la policía y denunciar que estaba en una situación irregular si me seguía quejando de que metía a gente en el piso, saltándose las restricciones, durante el confinamiento.
Después de una búsqueda intensiva de piso, casi desesperada, fui descartada frente a otras personas candidatas por dedicarme al trabajo de hogar y cuidados.
Reivindicamos
Derecho al acceso a una vivienda digna.
Acceso a vivienda pública en régimen de alquiler y de compra y a ayudas para el alquiler en igualdad de condiciones.
Lucha contra el racismo inmobiliario y la arbitrariedad en las condiciones de acceso al alquiler. Sanciones por el trato discriminatorio de inmobiliarias y particulares.
Medidas públicas para frenar la gentrificación y la especulación inmobiliaria. Regulación de los precios de alquiler.
